Apuntes para
contruir la desobediencia civil frente a la LOMCE
APUNTES
PARA CONTRUIR
LA DESOBEDIENCIA
CIVIL FRENTE A LA LOMCE
Documento
para el debate,
cuya libre difusión
no sólo está permitida sino que,
además,
se recomienda
se recomienda
Por José Miguel VIPOND GARCÍA
Profesor del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura (Murcia)
“Y si a su juicio lo establecido por la mayoría sobrepasa ciertos límites de injusticia, el ciudadano puede pensar en la desobediencia civil. (…) Por tal entenderé
un acto público, no violento y hecho en conciencia,
contrario
a la ley, y habitualmente
realizado con la intención de producir un cambio en las políticas
o en las leyes del gobierno. La desobediencia civil es un acto justificado
por principios morales que defienden una concepción de la sociedad civil y del bien público. Descansa, pues, en una convicción política y no en la búsqueda del propio interés o del interés de un grupo.”
John Rawls, JUSTICIA COMO EQUIDAD, 1986
Las ideas contenidas
en este documento
son una aproximación
al tipo de iniciativas y acciones
que podrían resultar
interesantes y
factibles para ir construyendo una campaña de
desobediencia civil que
haga
frente a la aplicación de
la LOMCE.
Estas iniciativas
(y otras que puedan surgir), lógicamente, deberán integrarse en un plan estratégico global que, poco a poco y entre todos, tendremos que ir definiendo.
A modo de compendio de ideas, paso, entonces, a enumerar esas iniciativas:
1.– Rehusar la firma
del horario personal, en protesta contra el exceso de carga lectiva que se consolida
con la LOMCE, y ocasiona pérdidas
de miles de puestos docentes.
Esta sería una iniciativa factible al inicio del curso, que iría acompañada
de un “manifiesto”, dirigido
a la comunidad educativa y
a las autoridades, explicando detalladamente los motivos del gesto. El argumento, muy sintéticamente, sería el siguiente:
“HABIDA CUENTA DE QUE
el incremento de
nuestra jornada
laboral ha
sido una medida que
el gobierno
aplica
sin importarle
lo más
mínimo su impacto
en la
calidad
educativa, que
ocasiona pérdidas
de miles
de puestos
docentes; observando el
empeoramiento
de condiciones de trabajo
en las
aulas que ello supone; y constatando que el gobierno, no sólo desoye sistemáticamente las reiteradas protestas de la comunidad educativa,
sino que legisla en el
sentido de consolidar las
políticas tendentes
a desmantelar la educación pública, de lo cual la LOMCE es ejemplo paradigmático…,
CONSIDERAMOS que es un deber
ineludible manifestar nuestro rechazo a esas políticas y nuestra solidaridad con los compañeros despedidos mediante el gesto de no firmar
nuestros horarios
personales; gesto cuya finalidad no es otra que hacer constar ante los poderes públicos nuestra voluntad inequívoca de no colaborar en modo
alguno con el funcionamiento de una maquinaria administrativa
y legislativa que atenta contra el derecho de nuestros alumnos
a una educación pública de calidad”.
Nota bene: el gesto de no firmar los horarios no implica transgresión legal algu-
na, pero prepara el
terreno para otros actos desobedientes
relacionados con el cumplimiento del horario, que se apuntan en este documento.
2.– En protesta
por la masificación de las aulas, la clase del día D hora
H se traslada... al pasillo, o al hall, o al patio, o a la calle o a la Consejería
de Educación o ...
Esta iniciativa está inspirada en una acción llevada a cabo durante el curso pasado por un
colega de la Comunidad Valenciana, que sacó una fila de
pupitres al pasillo para que sus alumnos hicieran
allí un
examen
(en el aula normal no había manera de separar bien los pupitres) y colgó fotos de la acción en su blog.
Detallando
otras posibilidades: sesiones de tutoría en el hall (para que los alumnos debatan en asamblea acerca de la masificación), hacer un “flash-mob” en el
patio (coreando, por ejemplo, el “No recortes no” de
los alumnos de Valderrobres), montar un taller de confección de pancartas y carteles para situarlos en rincones llamativos del edificio…). Obviamente, trasladar la clase
a la Consejería supondría elevar el nivel de desobediencia, y
debería hacerse, con las debidas cautelas, en un día especialmente señalado.
Una sugerencia:
realizar este tipo de acciones, de manera general y
masiva en todos los centros, un día declarado como de “huelga simbólica contra la masificación de las aulas” (no sería técnicamente
una huelga, pues iríamos al trabajo, pero lo dedicaríamos a
este tipo de actividades
reivindicativas).
3.– Las pruebas
diagnóstico preparan el terreno a las reválidas.
Todo
esto forma parte de un macro-experimento
neoliberal para cargarse la educación pública. ¡NO COLABORACIÓN CON
LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICO!
Se trata de un tipo de acción que cuenta con varios precedentes
en distintas
comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Andalucía…), donde se han produ-
cido ensayos de este tipo de “evaluaciones”, que no
están
puestas al servicio de la mejora educativa y la equidad sino de la competitividad y
el ránking, y han sido contestadas frontalmente tanto por el profesorado como por las familias
y por los propios alumnos de 6º de primaria. Pongo algunos enlaces ilustrativos:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/59253-padres-y-madres-no-lle- van-a-sus-hijos-al-cole-para-que-no-hagan-las-pruebas-de-diagn%C3%B3stico- lea.html
http://mareaverdearagon.wordpress.com/2013/05/27/los-padres-y-madres-deci- den-no-clasificar-a-sus-hijos-boicotrevalidas/
Con vistas a
potenciar la no colaboración,
sería interesante promover
que las CCPs y los Claustros emitieran pronunciamientos en contra de las pruebas de
diagnóstico.
En caso de que la prueba sea aplicada por un inspector, sería efectivo el uso de técnicas de “sabotaje académico” (incruento, por supuesto): a la hora de la prueba, el profesor
al que le toca clase con el grupo entra en el aula e imparte su clase normal, pasando olímpicamente del inspector-examinador-intruso. Cuando
el intruso pretenda dictar instrucciones
para efectuar la prueba, el titular de la materia dirá lo
típico
de “abrid los cuadernos que vamos a
repasar los ejercicios que teníais de tarea para casa”.
Cuando los alumnos protesten porque el intruso les despista, el titular, en aras del buen orden académico y por respeto al derecho de los
alumnos a atender a su profesor sin interferencias que distorsionen la lección, invitará al inspector educadamente a
abandonar el aula.
Otra idea sería declarar
por los sindicatos
representativos “paros académicos parciales” en las fechas en que se convoquen pruebas-diagnóstico. A la hora prevista para las pruebas, se declara el paro: ¡todos a casa! El inspector que ven- ga a aplicar
las pruebas se encuentra con el aula vacía. Las APAs pueden reforzar el paro académico mediante un
llamamiento a las familias
para que ese día sus
hijos no acudan al
centro (podría facilitarse “modelo de justificante de falta de asistencia por discrepancia con decisiones académicas que afectan a sus hijos”).
El hackeo informático es otra táctica utilizable (de hecho, fue empleada por do- centes de la Universidad de Zaragoza, para boicotear la prueba-estilo-PISA de
4.– Las medidas de incremento
de nuestra jornada laboral,
junto con los cambios de
estructura curricular que trae
la LOMCE, causan pérdidas de decenas de miles de puestos
docentes. Pueden
ser contestadas simbólicamente mediante la DEDICACIÓN PARCIAL DE NUESTROS HORARIOS A
TAREAS DE DEFENSA DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA.
 |
Por ejemplo, ¿incremento de 1,5 horas de jornada?: en protesta, dedico 1,5 horas de mi horario a remitir escritos a las autoridades responsables de los recortes. Y, para mayor eficacia
y publicidad de la acción, me persono en el hall de la Consejería y así, sobre la marcha, voy dando registro de entrada a dichos escritos. (Esas horas podrían corresponderse bien con lectivas, bien con complementarias de
permanencia en el centro o bien con complementarias
de cómputo mensual…,
o una mezcla de los tres tipos, en
función del nivel de enfrentamiento que el desobediente esté dispuesto a asumir).
Un ejemplo más fuerte, en contestación al incremento de 3 períodos lectivos, consistiría en escoger cada semana
3 horas de docencia
directa y dedicarlas, no a dar clase normal de tu asignatura, sino a educar “en valores de ciudadanía democrática”; es decir, a planificar y
realizar con el alumnado actos reivindicativos de la escuela pública
(incluyendo la
posibilidad de trasladar dichas sesiones
a
otros escenarios externos al aula…).
Temas a tratar en estas sesiones
serían las consecuencias de los recortes, organizar debates acerca de lo que supone la LOMCE y todo tipo de propuestas de trabajo de campo relacionadas con la situación de la educación
pública. Resultaría muy simbólico un
plan
temporalizado para estas sesiones, fijando fechas dedicadas a resaltar aquellos
contenidos de materias especialmente “castigadas” por la LOMCE, con el leit-motiv: “dedicamos 3 horas a
actividades interdisciplinares en torno a
esas cosas que Wert piensa que distraen: Humanidades
(esta semana), Artes Plásticas
(la siguiente),…” Quizá falten semanas
para poder
abarcar
todos las “distracciones wertianas”…
APUNTES
PARA CONSTRUIR
LA DESOBEDIENCIA
CIVIL FRENTE A LA LOMCE
5.– En desacuerdo con los cambios
curriculares de la LOMCE y su incidencia negativa, tanto para
la estabilidad y seguridad de las plantillas
docentes, como
para la calidad educativa:
nosotros CONGELAMOS LAS PROGRAMACIONES.
Es decir, no enviamos a la Consejería las programaciones adaptadas al modelo LOMCE entendiendo que, en consecuencia, la programación
del año anterior queda automáticamente
prorrogada.
Aparte de prescindir del papeleo inútil, el no-envío-de-programaciones
tiene el sentido de
forzar una respuesta
por parte de
la Consejería. Seguramente, mandarían al inspector a
reclamarlas antes de
la 1ª evaluación. Y a partir de ahí, se monta el pollo...
Una advertencia acerca de esta medida:
si un departamento, por su cuenta y riesgo, retiene el envío de su programación
incumple la norma legal, pero si no
fuera cosa de
un solo departamento
sino de todo el centro, y diera lugar a
un acuerdo de Consejo Escolar en
el sentido de no aprobar la PGA, eso sí sería
legal. La consecuencia de la desobediencia de un departamento aislado podría
ser que la inspección le exigiera el
envío inmediato de
la programación, bajo
amenaza de sanción (o
abriendo expediente de
ipso
facto); mientras que si es el Consejo el que retiene
la PGA, ¿qué harían? En una situación similar en la Comunidad de Madrid presionaron a
los Equipos
directivos para que volvieran a convocar a los órganos y
que se aprobaran las PGAs sí
o sí…: la movida fue
sonada. En las fechas que se elabora este documento, se está desarrollando
en
Baleares
una campaña “vota NO a la PGA” en
protesta contra la imposición del modelo trilingüe (TIL). Si, por esta causa, se
produjeran ceses de Directores, el escándalo a
nivel social sólo podría actuar en
favor de
los desobedientes… (al igual que, de hecho, ocurrió en Baleares durante el pasado verano).
Así pues,
paradójicamente, actuar como institución, dentro del marco legal, provocaría, en realidad, efectos más fuertes que realizar un acto genuino -pero aislado- de desobediencia.
6.– La eliminación de la Educación para
la Ciudadanía pretende
justifi- carse alegando que algunos de sus contenidos
resultan “controvertidos”.
Concretamente, los apartados que más molestan a Wert son: “valoración crítica de la división social y sexual
del trabajo y de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos” y el apartado dedica- do a la “feminización de la pobreza”).
Frente a esto, la propuesta
es la siguiente: PROGRAMAR CADA DEPARTAMENTO AL ME- NOS UNA SESIÓN DEDICADA A LA REFLEXIÓN
SOBRE LOS TEMAS “CONTROVERTIDOS”
DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.
Estas sesiones se incluirían en el plan de actividades
complementarias
del centro, y, lógicamente, contarían con la colaboración fundamental de los profesores de
Filosofía.
En cuanto a la ubicación en el horario para estas sesiones, las horas de Religión/
Alternativa resultarían especialmente idóneas.
Una acción de este
tipo tendría pleno sentido en
el momento en que se
verifica- se la desaparición
definitiva de estos contenidos del marco curricular oficial;
es decir, cuando, una vez aprobada la LOMCE que los elimina, se hayan agotado las
posibilidades
de que sean “repuestos” vía legislación
de la propia Comunidad Autónoma.
Lógicamente, durante los próximos meses,
debería reclamarse desde los propios Institutos el
mantenimiento de la asignatura de EpC, mediante acuerdos de las CCPs, Claustros, etc. que sean trasladados a las autoridades
educativas regionales.
7.– La Religión viene legitimada de facto por sus materias
alternativas. Ergo el profesorado debe NEGARSE
A IMPARTIR ALTERNATIVA A RELIGIÓN. (Los alumnos al patio, y nota 10 para todos).
Sobre esta propuesta,
coloco aquí
el enlace a
un artículo de Antonio Aramayona: http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=18140
En caso de que la impartición de alguna de estas horas de “alternativa” fuera impuesta de oficio por jefatura de estudios, el profesor desobediente podría optar por alguna de
las tácticas de dedicación
parcial a actividades
en defensa de
la escuela pública, que en
otro punto se mencionan.
8.– Debemos aspirar a que todos
los alumnos que sigan el currículo ordinario alcancen el Graduado
de Secundaria en igualdad de condiciones.
Es razonable y necesario prever
caminos diversos según las capacidades
e intereses de cada alumno
(mediante un aumento progresivo
del espacio de optatividad
en los últimos cursos, y otras fórmulas de flexibilidad curricular), pero
lo que no es de recibo es que el
título tenga valor diferente
en función del itinerario seguido por
el alumno.
Para hacer frente a esto, se propone HACER EL VACÍO A LOS ITINERARIOS SELECTIVOS
Y EXCLUYENTES; es decir, incorporar a los proyectos educativos de centro
decisiones metodológicas y organizativas
que permitan que ningún alumno sea derivado
hacia los itinerarios devaluados.
Esta propuesta viene razonada profusamente en el siguiente
artículo de Ginés Martínez Cerón:
http://foroeducacionpublica.blogspot.com.es/2013/06/ con-el-articulo-anterior-sera-un.html
Podríamos señalar
aquí una posible
decisión en este sentido: programar
en 3º ESO los mismos contenidos
para las Matemáticas de “opción académica” y las otras Mates
(lo cual no impide –sino
que aconseja-
prever intervenciones
didácticas flexibles para atender a
la diversidad de alumnado, pero siempre con objetivos inclusivos, no excluyentes).
En teoría, la Inspección
echaría atrás semejante programación-“fraudulenta”-que-escamotea-el-marco-LOMCE, pero…
si hubiera cientos de
IES que procedieran de
ese modo, y con abundante publicidad, ¿qué harían…? Se desataría una interesante batalla administrativa…
9.– El rechazo al concepto de evaluación que entraña la nueva Ley, al ser-
vicio de la clasificación y selección del alumnado, puede plasmarse
en una postura de NO COLABORACIÓN SELECTIVA EN LOS
TRÁMITES DE LA EVALUACIÓN.
El criterio podría ser el siguiente: salvaguardando siempre el derecho de los alumnos y alumnas a a ser evaluados con
objetividad y el derecho de las
familias a ser puntual- mente informadas
acerca del proceso, todo aquello
que suponga cumplimentar actas, documentos,
informes burocráticos,
etc., se demora, o se aplaza, o se retiene...
Y un encargo para los expertos en Artes Gráficas: en los boletines
de calificaciones, junto a los símbolos
oficiales, el lazo verde por la escuela pública.
La no-recogida
de Boletines por parte de los padres fue una medida en esta misma línea, promovida en
Aragón durante el curso pasado.
Ver enlace: http:// arainfo.org/2012/12/las-familias-del-ies-matarranya-devolveran-las-notas-sin- verlas-en-apoyo-al-profesorado-y-contra-la-ley-wert/
10.– Los órganos colegiados
quedarán vaciados de competencias por la nueva Ley. Frente
a ello, se pueden promover DECLARACIONES
DE CLAUSTROS Y
CONSEJOS ESCOLARES INSUMISOS A LA LOMCE.
Consistiría
en tomar acuerdos por los cuales dichos órganos
se comprometen a favorecer la participación democrática de la comunidad educativa en la gestión del centro,
en lugar de aplicar el modelo autoritario
de la Ley Wert.
Asimismo, sería conveniente que los Directores declarasen públicamente
que se consideran a
sí mismos como representantes de
la comunidad educativa ante la Administración
(y no al revés) y, en
consecuencia, las “acciones
de calidad educativa” que impulsarán y desarrollarán en sus centros no
serán las previstas en
el marco de la LOMCE -impuestas de
manera autoritaria y
que fomentan la
diferenciación entre centros
y la exclusión-
sino aquéllas que respondan a la voluntad democrática de los órganos colegiados
y favorezcan el éxito escolar de todo el alumnado
Nos encontramos ante una deriva neoliberal
a la que la LOMCE viene a dar la última vuelta de tuerca. Al excluir al Consejo
Escolar de las decisiones de gestión se traspasa
la “línea roja” del artículo 27.7
de la
Constitución, y eso supone dar el salto entre plantear la cuestión en
términos de
debate ideológico (en que ambas posturas serían legítimas
y estarían sujetas
a la controversia política
normal) o directamente en términos de “alerta democrática”, ante lo cual cabría declarar ilegítima
la imposición de la Ley y proponer acciones de ruptura, es decir, la desobediencia civil.
Aquí los Equipos directivos pueden jugar un papel muy importante, inclinando el fiel de
la balanza del lado de
la Administración o del lado de su comunidad educativa. Podemos
esperar, siendo realistas, que en principio encontraremos
mucho más de lo primero que de lo segundo,
pero… si la campaña de insumisión avanza a
nivel social, y
si los pocos directivos pioneros de la insumisión afrontan con coraje la presión que les llegará desde
los escalones superiores
de la escala jerárquica (e incluso las sanciones), es probable que se genere un efecto-gota-de-aceite que, paulatinamente, haga que, de una u otra manera,
se vayan sumando a la campaña otros equipos directivos... hasta extender una marea verde de insumisión a
la LOMCE que resulte imparable.
APUNTES
PARA CONSTRUIR
LA DESOBEDIENCIA
CIVIL FRENTE A LA LOMCE
11.– La LOMCE potencia un concepto de “autonomía
de la gestión directiva”
que se traduce, entre otras cosas, en la figura de un DIRECTOR CON FACULTADES PARA SELECCIONAR
AL PROFESORADO. Frente a esto
cabe promover desde los Claustros y Consejos
Escolares que los directores
RENUNCIEN EXPRESAMENTE A EJERCER
ESAS FACULTADES.
Las Asociaciones de Directores deberían coordinar acciones
con APAs, Asociaciones de Interinos y Sindicatos docentes
para promover un
boicot social
a las estos procedimientos
selectivos por vulnerar los derechos laborales y los principios constitucionales de
igualdad, mérito y
capacidad en el acceso a la función pública.
Este tema está siendo ya aplicado, como experiencia-piloto pre-LOMCE, en varias Comunidades
Autónomas, por lo que exigiría ya
una respuesta por parte de la comunidad educativa en su conjunto. A ello se
unen
las imposiciones desde
las Consejerías de Educación
rebaremaciones de interinos, y
otras actuaciones, más indecentes todavía, en la línea de desprestigiar a los docentes interinos con experiencia,
presentándoles como ignorantes o
vagos que no se esfuerzan en
aprobar la oposición… No deberíamos esperar al desarrollo de la LOMCE para planear acciones directas no-violentas que pongan de relieve el carácter injusto
y contrario a la calidad
educativa de estos nuevos modelos de selección de personal centrados en el poder autocrático ya sea de la propia Administración,
ya sea de los directores a su servicio.
12.– El trinomio “autonomía
de centros” + “especialización” + “rendición
de cuentas”,
que fomenta la LOMCE, cuya
finalidad es promover la competen-
cia entre centros, subordinando la financiación
a los
resultados académicos,
debe ser contestada desde los centros
mediante acciones y proyectos orientados a POTENCIAR
UNA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA AUTÉNTICA, que
busquen el éxito de todo
el alumnado, no la excelencia de unos pocos.
Deberíamos, en este
sentido, NEGARNOS A PARTICIPAR
EN PROYECTOS DE ESPECIALIZACIÓN DE CENTROS (“Planes de calidad”, “Bachilleratos de excelencia”, etc.) y NO COLABORAR CON
EXPERIMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS que ya
están siendo diseñados en algunas Comunidades
Autónomas.
Conveniente, a este respecto, la lectura del siguiente enlace: http://soypublica. wordpress.com/2013/04/10/un-nuevo-experimento-la-rendicion-de-cuentas/).
En esta propuesta
se incluyen cualesquiera acciones de obstruccionismo académico y
tácticas de
boicot o “brazos caídos”, orientadas a eludir las exigencias de la Inspección, tendentes a
desprofesionalizar al profesorado y/o favorecer la diferenciación de centros.
Es evidente que esta acción conlleva el rehusar por parte del profesorado de
aquellos incentivos (salariales o de otro tipo) que suelen acompañar
a la implementación de los llamados
“planes de calidad”, tal como se ha podido comprobar en algunos experimentos en este terreno realizados
en varias comunidades autónomas.
13.– ¿Destinar fondos públicos a centros que segregan por sexos? No en mi nombre
ni con mi dinero: OBJECIÓN FISCAL, (proponiendo,
como destino alternativo,
a algún colectivo que fomente
la coeducación).
Esto podría empezar por practicarse
a nivel de cada una de las CC.AA. que mantienen este tipo de
conciertos y, posteriormente, tras la aprobación
de la LOMCE, generalizarlo a
nivel estatal.
Hay distintos posibles criterios para determinar
la
cantidad a
objetar,
pero la
más sencilla consistiría en detraer de la cuota autonómica
una cantidad resultante de efectuar el
cociente entre lo que la Comunidad gasta
en estos centros
y la población total. Cada declarante detraería esa cantidad
por el
nº de miembros de
su unidad familiar
(incluyendo no-cotizantes).
Saldrá una cantidad
muy pequeña (entre 1 y 3 euros), pero si hay un buen nº de objetores y
se difunde adecuadamente tendría, creo, una fuerte carga simbólica. Y
si, por esta causa, se les ocurriera sancionar a
alguien acusándole de
defraudar “casi tres euros” al Fisco... pues
sería una bonita manera de
hacer el ridículo por parte de
las autoridades tributarias...
Ciertamente, debemos aspirar a la reconversión
en pública de
toda la enseñanza concertada, no sólo de los centros que segregan por sexos. Pero, para empezar, sería efectivo aplicar la objeción
fiscal como gesto
desobediente frente a las subvenciones
de los centros segregadores que, aun siendo un aspecto par-
cial del problema, resulta particularmente escandaloso (por vulnerar principios constitucionales básicos y
por el empeño de Wert de
reforzarlo, a despecho de
que su validez jurídica está cuestionada por el propio Tribunal Supremo)
y, por
ello, podría obtener
un importante eco social y mediático.
14.– Propuesta relativa a la
“externalización” del servicio educativo (contrataciones
de personal al margen de los procedimientos establecidos para
el acceso a la función pública), que las políticas neoliberales favorecen en diferentes
modalidades.
Los
Claustros y los Consejos Escolares podrían DECLARAR EL RECHAZO DEL CENTRO A LAS EXTERNALIZACIÓNES.
Y, llegado el caso, no asignar ningún alumno a estos contratados
de forma irregular.
En septiembre de 2011, la Consejera madrileña Figar anunció la contratación de personal extranjero de
habla
inglesa para impartir algunas materias en el programa bilingüe. Un ejemplo descarado de “externalización”, que
vulnera los
principios de
igualdad, mérito y
capacidad en el acceso a los puestos docentes, en perjuicio del personal funcionario, definitivo e
interino.
El colectivo madrileño Soy Pública
advertía que estos “no serán
los únicos
elegidos a
dedo
ya que el objetivo es acabar con la lista de interin@s para poder nombrar docentes a
dedo, contratados
por ETT a mitad de
precio y
precarizar aún más a un colectivo ya de
por
si inestable”. Premonitorio, sin duda.
Otra forma de externalización son los convenios con fundaciones privadas para que aporten a
los centros personal “de apoyo” a ciertas materias (para atender
a alumnos con dificultades, o para reforzar a los que suspenden...), es
decir, para
hacer el trabajo de los profesores de los departamentos correspondientes y
de especialistas de Orientación.
El experimento -también en Madrid- de la funda- ción Botín y
su programa “empieza por educar” fue pionero en
estas
lides.
Recientemente han surgido noticias que hablaban de que la Fundación Botín aportaría recursos a centros de Cantabria, Madrid y La Rioja para formar al alum- nado en “inteligencia emocional”. Y en Murcia también, para promover la lectura de la prensa en el aula, con el patrocinio de
La Caixa...
y, finalmente, para clases de refuerzo educativo…
Todo lo que sea colaboración de personas y
agentes sociales
con los proyectos educativos -en la línea de las comunidades
de aprendizaje, por ejemplo-, bien- venido sea; pero si se mete por medio el
patronazgo de la Banca, lo prudente es desconfiar.
Otras modalidades de externalización-precarización son los
inventos de Castilla La-Mancha: a) crear la
figura del “interino-becario-sin-sueldo”, para labores de apoyo o para cubrir sustituciones; b)
contratar interinos a
bajo
sueldo para dar
clases de repaso a alumnos
de 4º ESO con pendientes para septiembre. Además de
pervertir el
sistema de
acceso a
la función pública,
lo grave de estas nuevas
modalidades de contratación
es que pretenden combatir el fracaso escolar, no
aumentando los recursos
humanos para prevenir los problemas, sino reduciendo los costes y
empeorando
las condiciones
laborales de los profesionales. Un verdadero despropósito.
15.– La legitimidad democrática de una Ley educativa
no viene dada únicamente
por el voto de una mayoría
parlamentaria (como es el caso de la LOMCE), sino
por la capacidad de la misma para atender al bien común, garantizando el derecho básico a la educación (lo que no cumple la LOMCE). No puede considerarse democrática una Ley diseñada a espaldas de la
ciudadanía, sin un diálogo constructivo
(ni con las organizaciones sociales representativas, ni con
los partidos políticos,
ni con las Comunidades Autónomas) y aprobada por el método
del rodillo parlamentario.
Es legítimo y democrático, pues,
contestar a este acto de prepotencia legislativa
planeando acciones desobedientes que consistan en DAR EDUCADAMENTE LA ESPALDA A LOS
RESPONSABLES DE LA LEY ILEGÍTIMA, hasta tanto esa Ley no sea derogada, y se comprometan a dialogar con la comunidad educativa.
Ejemplos:
a) Declarar, educadamente, “persona non-grata” a Wert y a cualquier cargo
político significativamente cómplice
de la aplicación de su Ley (consejeros de
educación, verbigratia).
b) No asistir a actos oficiales donde estén presentes esos cargos políticos, o, alternativamente, asistir para manifestar, educadamente, la oposición
a la Ley antieducativa (por ejemplo, vistiendo
la camiseta verde, no dándoles la mano -como le hicieron a Wert los estudiantes en
los premios a
la excelencia-, o levantarse
durante su perorata para permanecer en pie, ostensivamente
leyendo libros de EpC…) No invitar a
ningún
cargos a actos institucionales del centro, explicándoles, educadamente, por qué no se les invita (si se auto-invitasen,
se aplicaría lo dicho en el punto anterior).
c) Señalamientos a estos cómplices, de forma educada y en momentos y lugares particularmente
oportunos; o, alternativamente, “escrache” educado permanente y por turnos ante su lugar de
trabajo, no descartando la posibilidad de
una acampada educada en la puerta del despacho, ni
otros educados actos simbólicos frente al domicilio del interfect@ (al estilo perroflauta motorizado,
ver enlace).
http://www.elplural.com/2013/11/13/el- cerco -popular-a-los- que -protestan-aho- ra-multado-en-zaragoza-un-exprofesor-por-visitar-cada-dia-el-portal-de-la-conseje- ra-de-educacion-contra-los-recortes/
Sólo me queda decir
que cualquier sugerencia, aportación o crítica constructiva que queráis hacerme llegar
sobre lo apuntado en este documento, será bien recibida. Me podéis mandar
mensajes a mi perfil de Facebook, o escribir a
mi dirección de correo electrónico: vipondmt@hotmail.com
15 de noviembre de 2013
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